Cientos de millones de pesos ha perdido el fisco a causa del cobro ilegal de decenas de miles de multas impuestas a conductores que violaron la Ley 241-67 sobre Tránsito Terrestre, irregularidad que se atribuye a una mafia que operaba en la Autoridad Metropolitana del Transporte (Amet), que la dirigían oficiales y que fue descubierta tras investigaciones internas en el organismo. A
esta mafia que cometió múltiples irregularidades se atribuye su responsabilidad a los coroneles Héctor Alejandro de los Santos Heredia, Ramón Morillo Ortega, Carlos Moisés Martínez Martínez y los mayores Gregory Dorián Bryan Pérez, Manuel Jacinto Reyes Ventura y Francisco Jorge Rodríguez, así como otros 20 oficiales.
Las denuncias de chantajes con las multas conllevó a encaminar una investigación en Santiago en agosto del 2015 que arrojó que los agentes de Amet no reportaban las infracciones para digitalizarlas y se destruían los originales, no así las copias.
Las investigaciones de los oficiales técnicos de Amet sobre la mafia establecen que las multas a conductores se cobraban “por detrás en efectivo”. Una fuente dijo que “no hay crimen perfecto, y los agentes que se enviaban a las calles con la encomienda de imponer un mínimo diario de 10 multas, rompían las originales cuando cobraban por detrás, pero dejaron las copias de las infracciones en los talonarios, las que están en poder de los investigadores”.
Oficiales y alistados en los interrogatorios, copias de los cuales tuvo acceso El Nacional, declararon a los investigadores que “para hacer las operaciones teníamos órdenes superiores”, y responsabilizan a tres coroneles, tres mayores y otros oficiales.
Las irregularidades detectadas le costó el cargo al subdirector de AMET, coronel Riquelme Soto García, separado de esas funciones en octubre pasado mediante el decreto del presidente Danilo Medina número 307-15, pero nunca se dieron detalles de su separación.
La comisión investigadora de la mafia interrogó el coronel Delbrando Guzmán Toribio, pero éste a igual que Soriano García se desligan y dijeron “no tener conocimiento” de las imputaciones que les hacen oficiales y miembros AMET.
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